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No es el plan, es la gobernabilidad


El panorama es alarmante. Los datos que describen el clima en el cual deberán gestionarse los programas de estabilización que, con distintas melodías, prometen los candidatos a encabezar el próximo gobierno. Estabilizar, como se sabe, es ajustar. Esta es la razón por la cual la principal incógnita que presenta hoy la Argentina para cualquier observador se refiere a la gobernabilidad. No al plan que debe llevarse adelante, sino a la posibilidad de tomar decisiones que sean obedecidas. La pregunta no es por el qué, sino por el cómo.

Ese interrogante, que parecía estar en el horizonte, fue anticipado en estos días por Sergio Massa. El ministro de Economía anunció un conjunto de medidas destinadas a mejorar sus posibilidades como candidato a presidente, y desató una ola de desobediencia. Era previsible que muchas empresas se negarían a pagar la suma fija de 60.000 pesos dispuesta por decreto por la sencilla razón de que la inflación espiralada ha dejado a mercados enteros sin precios y, por lo tanto, con un colapso en el nivel de actividad.

Lo que Massa no calculó es que entre los desobedientes habría gobernadores y, sobre todo, gobernadores peronistas. Es llamativo que no haya imaginado esa reacción, que fue precedida por una rebeldía más antigua. Muchos de esos caudillos de provincia ya habían dicho adiós a Massa, y a cualquier figura del peronismo nacional, al adelantar sus elecciones. Una falta de solidaridad que se manifestó también en el caudaloso corte de boleta registrado en el conurbano bonaerense, donde los intendentes y Axel Kicillof pujan por desencadenarse de la mala performance del ministro-candidato. Massa debería haber advertido que esta desintegración se iba a agravar después de las primarias por una razón elemental: abrazado a su candidatura, el peronismo se hundió en el tercer puesto.

Las medidas anunciadas el domingo son una señal de subordinación absoluta a Cristina Kirchner y a La Cámpora. La vicepresidenta, igual que su hijo Máximo, insistieron durante meses en que, con independencia de las negociaciones colectivas, los empleados debían recibir una suma fija para mejorar sus ingresos. Ellos defienden esa estrategia, que supone un mayor beneficio relativo para quienes cobran los salarios más bajos. Dicho de otro modo: un incremento que se hace sentir más en el bolsillo de quienes, se supone, votan al peronismo. La medida tiene otro mérito. Los beneficiarios deben agradecer a los funcionarios, no a los sindicalistas que conquistan beneficios en las paritarias. Los gobernadores se oponen porque piensan algo parecido: si va a haber un bono, queremos que nuestros empleados públicos nos lo deban a nosotros.

La crisis de gobernabilidad que todos temen, puede no ser un accidente. Puede ser un objetivo.

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