El diputado analizó una nota que señala que más del 51% de los argentinos recibe ayuda social.
“Si un estudioso del impacto que causan las políticas públicas en las sociedades mirase la Argentina pospandemia podría advertir un dato que surge a simple vista: el declamado ‘Estado presente’ no tiene nada que ver con el ‘Estado eficiente”, sintetiza en el primer párrafo de su nota en el diario “La Nación”, el periodista Diego Cabot.
“El 2022 terminará con un dato que asombra: el 51,7% de las personas que habitan la Argentina estuvieron alcanzadas por alguna cobertura de programas sociales de transferencias de ingresos o asistencia alimentaria oficial. Los datos, elaborados por la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) Bicentenario (2010-2016), EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025) y el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), muestran que ese crecimiento, con un pico en 2020 producto de la cuarentena y la crisis del Covid, mantuvo este año una tendencia a la suba que coloca el fenómeno en valores históricos. Y lo que es peor, semejante desembolso apenas logra mantener relativamente quietos algunos índices como los de indigencia y de pobreza, pero está lejos de generar una mejora en las condiciones de vida de la población”, explica Cabot.
Sobre el informe se expresó el diputado provincial Valentín Miranda: “El 51,7% de argentinos son alcanzados por programas sociales que solo logra mantener relativamente los índices de pobreza e indigencia. Los programas sociales incluyen AUH, Potenciar Trabajo, Alimentar y Progresar, pensiones no contributivas, más y mejor trabajo, entre otros. En 2010 la población alcanzada por asistencia social era del 32,9%, en 2019 aumentó a un 43,8%. El año pasado los valores alcanzaban el 44,7% por lo que aumentó un 16% en un año”.
El legislador radical señaló que la Fundación Éforo, en su informe de seguridad social en la Argentina, “advierte que en los últimos 15 años el número de personas alcanzadas por el dinero directo y mensual del Estado tuvo un aumento de 20 millones de personas, alcanzando los 30,6 millones”.
Luego analizó las cifras y sostuvo que “es preocupante el aumento de inversión del Estado en los sectores más vulnerables, pero que no tiene correlato con un plan estratégico en la creación de empleo genuino y de mejorar realmente la situación de pobreza a largo plazo”.
Para Miranda el desafío es enorme: “Hay que trabajar en políticas claras, que lejos de atacar solo los problemas momentáneos también se invierta en el largo plazo. Superar los índices de pobreza requiere de una mejor inversión de los recursos”.
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