Fue una temporada récord de huracanes en el Atlántico, se vivió la peor falta de lluvia en Sudamérica de las últimas décadas y el fuego fue devastador en dos de las mayores reservas naturales del mundo: la Amazonía y el Pantanal.
Fue todo un espejismo. Animales salvajes por el centro de alguna capital, cielos limpios y mares cristalinos: la pandemia ofreció un falso alivio a un planeta profundamente herido. La última frontera, América, ha sufrido en 2020 sus peores incendios, sequías y huracanes.
El continente con mayor diversidad del mundo se deteriora entre la inacción de algunos Gobiernos, el negacionismo de otros y la fuerza irremediable de un cambio climático acelerado por la acción humana. Una auténtica bomba de relojería de consecuencias ya visibles.
Este 2020 pasará a la historia como el año del coronavirus, pero también como el de la temporada récord de huracanes en el Atlántico, la peor sequía en Sudamérica de las últimas décadas y los incendios devastadores en dos de las mayores reservas naturales del mundo: la Amazonía y el Pantanal.
Las llamas también se volvieron a cebar con el oeste de Estados Unidos y otros puntos de la Tierra, como Australia, Siberia y los bosques tropicales de Indonesia. La covid-19 escondió, en parte, estas catástrofes medioambientales que cada vez son más frecuentes.
Sin aún haber resuelto la crisis sanitaria, el futuro inmediato no es nada halagüeño.
«Seguimos en una tendencia de aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y estamos observando las consecuencias de ello con una mayor frecuencia de eventos climáticos», explica a Efe Paulo Artaxo, miembro del equipo del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) que recibió el Nobel de la Paz en 2007.
Con esas previsiones, sentencia, las «metas (del Acuerdo de París) no serán cumplidas».
Fuego y deforestación
La devastación en el mayor bosque tropical sigue acelerando. En el último año ha ardido más y más superficie de selva ha sido derribada, pero el impacto mediático internacional ha sido infinitamente menor.
«No hemos visto una repercusión como la del año pasado. Existen varios factores que explican eso, pero uno de los más importantes es la propia pandemia. Es muy difícil competir con un asunto tan importante y relevante», explica a Efe Ane Alencar, directora de Ciencia de la ONG Instituto de Pesquisa Ambiental de la Amazonía (IPAM).
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE) de Brasil, en lo que va de año los satélites han detectado 101.998 incendios en la Amazonía brasileña, un 14,3 % más que todos los registrados en 2019, cuando las imágenes de los frentes de fuego causaron una conmoción internacional.
La inmensa mayoría de estos incendios son provocados por el ser humano. Y en esa ecuación entra un factor trascendental: la deforestación.
Fuego en Mato Grosso, Brasil. Foto AFP
«El fuego es la última etapa del proceso de deforestación. El bosque es derribado, se espera a que se seque y lo queman», afirma Alencar.
Diversos informes de la sociedad civil asocian la tala ilegal a crímenes como el contrabando de madera y la ocupación irregular de tierras para destinarlas, después de quemarlas, a la agropecuaria.
Sólo en el último año, la deforestación en la Amazonía brasileña aumentó un 9,5 % y afectó a 11.088 kilómetros cuadrados, la cifra más alta desde 2008. Es como si se hubieran talado 4.340 campos de fútbol al día.
Brasil, como poseedor de la mayor área de bosque amazónico, es también el mayor responsable, pero la tala ilegal se está dando igualmente en otros países como Bolivia, Perú y Colombia, cita Artaxo.
A este ritmo de destrucción, el principal temor entre los ecologistas es que la Amazonía alcance el llamado «punto de no retorno» y se inicie un proceso de «sabanización» irreversible, que ya se está observando en algunas zonas del ecosistema.
Mientras, el presidente brasileño, el ultraderechista Jair Bolsonaro, defiende la explotación de los recursos naturales como receta para impulsar el desarrollo en la región amazónica, una de las más pobres del país.
En paralelo, recortó el presupuesto de los órganos fiscales que persiguen los delitos medioambientales.
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