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Cuando Alfonsín creó la CONADEP para investigar la desaparición de personas

El expresidente de la Nación tomó la decisión. El informe fue fundamental para el juicio a las Junta Militares.


A cinco días de asumir su cargo de presidente de la Nación, el 15 de diciembre de 1983 Raúl Alfonsín firmó el Decreto Nº 187/83 por el cual resolvió la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), la que debía investigar y organizar las pruebas que presentaría el Estado en el juicio a las Juntas Militares que usurparon el gobierno entre 1976 y 1983.

En los días previos, el mandatario había adoptado otras dos decisiones significativas, con pocas en el sillón de Balcarce 50: juzgar a las Juntas Militares y a los guerrilleros, que causaron cientos de muertos y desaparecidos en una etapa penosa de nuestra historia.

Ernesto Sábato fue la figura preponderante de la CONADEP al ejercer la presidencia,  y junto a él Ricardo Colombres, René Favaloro, Hilario Fernández Long, Carlos T. Gattinoni, Gregorio Klimovsky, Marshall Meyer, Jaime de Nevares, Eduardo Rabossi, Magdalena Ruiz Guiñazú, Santiago Marcelino López, Hugo Diógenes Piucill, Horacio Hugo Huarte y Graciela Fernández Meijide.

Además, fue secretario, Agustín Altamiranda; secretaria de Recepción de Denuncias, Graciela Fernández Meijide; secretario de Procesamiento de Datos, Daniel Salvador; secretario de Procedimientos, Raúl Peneón; secretario de Asuntos Legales, Alberto Mansur; y secretario Administrativo, Leopoldo Silgueira.

Alfonsín consideró que constituir una Comisión Nacional tendría el objetivo de esclarecer los hechos relacionados con la desaparición de personas ocurridos en el país. Y en decreto asignó funciones:

*Recibir denuncias y pruebas sobre aquellos hechos y remitirlas inmediatamente a la justicia si ellas están relacionadas con la presunta comisión de delitos.

*Averiguar el destino o paradero de las personas desaparecidas, como así también toda otra circunstancia relacionada con su localización.

*Determinar la ubicación de niños sustraídos a la tutela de sus padres o guardadores a raíz de acciones emprendidas con el motivo alegado de reprimir al terrorismo, y dar intervención en su caso a los organismos y tribunales de protección de menores.

*Denunciar a la justicia cualquier intento de ocultamiento, sustracción o destrucción de elementos probatorios relacionados con los hechos que se pretende esclarecer.

*Emitir un informe final, con una explicación detallada de los hechos investigados, a los ciento ochenta (180) días a partir de su constitución.

También se estableció que la Comisión no podrá “emitir juicio sobre hechos y circunstancias que constituyen materia exclusiva del Poder Judicial”.

Después de 280 días de un trabajo denodado, donde se recorrió el país para conocer casos escalofriantes con testimonios valiosos de víctimas y familiares de éstas, la reseña registró la existencia de 8.961 desaparecidos y 380 centros clandestinos de detención.

En un acto memorable, el 20 de septiembre de 1984 Ernesto Sábato entregó al presidente Alfonsín el informe final, que luego se convirtió en un libro denominado “Nunca Más”, y que permitió ser el sustento del posterior juicio a las Juntas Militares.

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